Este Gobierno llegó al poder empujado por la onda expansiva de los atentados del 11-M. Habrá quien considere que es de mal gusto recordarlo, pero las cosas son como son: España sufrió el mayor ataque terrorista de su historia, el gobierno de entonces manejó torpemente la crisis, la oposición manipuló el ‘shock’ de la opinión pública, violó la jornada de reflexión, acusó al Gobierno de mentir (y de cosas peores) y ganó las elecciones. A partir de ese momento, la obligación del nuevo Gobierno debería haber sido luchar por el esclarecimiento total de aquella tragedia. Cuatro años después, lo que tenemos es bien triste: una investigación sujeta a sospecha, una sentencia insuficiente, y más dudas que certidumbres.
JOSÉ JAVIER ESPARZA
La actitud del partido socialista respecto al 11-M ha sido reprobable de principio a fin, antes y después de las elecciones del 14-M. Antes de las elecciones, por su instrumentalización inmoral de la violencia terrorista para cobrarse el poder; después, por su sistemática manipulación política de cuanto acaecía en torno a la investigación de los atentados. A este respecto cabe recordar cómo transcurrieron las cosas en la comisión de investigación parlamentaria. Todo el empeño del Gobierno y sus aliados fue tratar de culpabilizar al Gobierno Aznar de los atentados y de haber mentido a la opinión pública. Ni la culpabilidad ni la mentira quedaron acreditadas en la comisión, mas bien al contrario, pero el mensaje a la sociedad española fue permanente e inequívoco. Vino a coincidir, además, con la escenificación del célebre “cordón sanitario” contra la derecha, “todos contra el PP”, cuyas consecuencias últimas han sido actos violentos contra el partido de la oposición. Políticamente ha sido de una irresponsabilidad oprobiosa.
¿Y qué pasó?
En cuanto a la investigación de los atentados en sí mismos, nadie está hoy en condiciones de decir realmente qué pasó. No sabemos quien decidió sembrar de muerte Madrid. Podemos aceptar que los ejecutores fueron los que dice la sentencia; en este punto, por cierto, sigue sin esclarecerse por qué entre los imputados había un número tan elevado de confidentes policiales. También podemos aceptar que las cosas sucedieron como la instrucción atestigua; en este punto, por su parte, permanecen los “agujeros negros” acerca de la destrucción, deliberada o no, de pruebas como los propios trenes. Pero aun aceptando todo eso, con las reservas citadas, no puede aceptarse que nadie haya sido capaz de explicar la secuencia de hechos que lleva desde la concepción y diseño del plan hasta la ejecución del crimen. Mientras no se sepa quién dio la orden y en qué circunstancias, el 11-M seguirá sin resolver.
En este extremo la actitud de Zapatero no ha sido menos reprochable que en los anteriores: desde el primer día, el Gobierno ha apostado por una teoría explicativa y ha tratado de mantenerla aun a pesar de las pruebas en su contra; no solo eso, sino que además ha actuado, de forma clara o de forma encubierta, contra cualesquiera personas que ponían en duda o rectificaban la teoría oficial. En numerosas ocasiones, la actitud del Gobierno no ha sido la de quien desea esclarecer un crimen, sino la de quien aspira a prolongar los réditos electorales del crimen en cuestión. Hoy, cuatro años después, la posición del PSOE respecto al mayor atentado terrorista de nuestra historia sigue siendo la misma: la de alguien que pretendió manipularlo en su propio beneficio. Es una razón de peso más para no votar a Zapatero.
P.S.: ¿Hay alternativa? A nadie le cabe la menor duda de que un nuevo Gobierno Zapatero hará lo imposible para que el 11-M nunca se vuelva a investigar. En la misma posición están los comunistas y los separatistas. La actitud del PP al respecto es ambigua: hay voces partidarias de dejar las cosas como están, y hay otras que se han manifestado a favor de ampliar las investigaciones. No obstante, no sería descabellado pensar que un PP en el poder, con la pieza ya cobrada, optara más bien por enterrar el asunto para evitar más quebrantos a la opinión pública, en un mal entendido concepto de la estabilidad institucional. Para el ciudadano común, no cabe otra opción que confiar en la Justicia. Aunque quizás esto sea aún más ilusorio.
