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En enero de 1933, la policía de la II República, bajo un Gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña, reprimió con extrema violencia un motín –no menos violento- de campesinos anarquistas en Casa Viejas, provincia de Cádiz. Murieron veintitrés campesinos y tres agentes del orden. La represión fue ejecutada por miembros de la Guardia de Asalto, unidad republicana “pata negra” creada por el nuevo régimen, que desconfiaba de la guardia civil. El motín de Casas Viejas fue producto de la agitación anarquista sobre unas masas campesinas descontentas por la marcha de la reforma agraria. El Gobierno trató de descargar toda la culpa sobre los guardias. Éstos testificaron que actuaban por orden directa de Azaña. La matanza terminaría llevando a Azaña a la dimisión. Después, ya en la guerra, los guardias que testificaron contra Azaña serían asesinados por milicianos del Frente Popular.
Propaganda soviética sobre Casas Viejas: para sonrojarse
La proclamación de la II República supuso una gran esperanza e ilusión para buena parte de los españoles y mayor aún de gaditanos, cuya provincia era de las más desfavorecidas de la nación. Pobreza económica, marginalidad social y explotación laboral fueron tres fuentes de abono para el anarquismo rural, el más fuerte de cuantas fuerzas revolucionarias estaban implantadas.
Así fue la matanza de Casas Viejas
La República aprobó la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 para dotar de tierras a los campesinos sin propiedad, pero su lenta ejecución, como oportunamente denunciara el diputado José Antonio Primo de Rivera, motivó que junto a una más que centenaria historia de tremenda injusticia social, terminase por prender el 8 de enero de 1933 una trágica mecha de violentas convulsiones revolucionarias en el campo español que tuvo su trágica eclosión tres días después en Casa Viejas.
La brutal represión ejecutada por fuerzas de la Guardia de Asalto -creada por la República en enero de 1932- conmocionó al país entero y terminó por provocar la caída del gobierno de Azaña. Murieron 23 campesinos y 3 agentes del orden.
La controvertida declaración judicial del capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, quien estaba de servicio la noche del 11 de enero de 1933 en las dependencias del Ministerio de la Guerra, cuyo titular era el propio Azaña, y del que aseguró que recibió la orden directa de transmitir las instrucciones, pasaría a la historia negra: "Ahora diga usted al general de la división que esté prevenido y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles, porque luego resultan inocentes y hay que libertarlos. ¡Tiros a la barriga! ¡A la barriga!".
No mucho mejor resultó el acta firmada por los capitanes del Ejército Felix Fernández Prieto, Gumersindo de la Gándara Marsella, José Hernández Labarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal, destinados en la Guardia de Asalto: "Que por el prestigio y la dignidad del cuerpo al que se honran en pertenecer, manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el Gobierno no quería heridos, dándoles el sentido manifiesto de que únicamente entregáramos muertos a aquellos que se encontrasen haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas. Y para que conste firman por duplicado el presente".
También en Arnedo y en otros muchos lugares fueron asesinados vilmente obreros y campesinos desarmados a manos de las fuerzas represivas de una II República supuestamente dirigida por un gobierno de "izquierdas".
(http://jarabeautentico.blogspot.com/2008_01_01_archive.html)
El asesinato de los guardias
“A una “lógica” parecida responde el asesinato de tres oficiales de la Guardia de Asalto en Madrid, a finales de septiembre de 1936: Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. Aquí el objeto de la venganza se remontaba a febrero de 1933, cuando el Gobierno Azaña reprimió brutalmente la insurrección anarquista de Casas Viejas (Cádiz). A raíz del escándalo posterior, cuatro capitanes de la Guardia de Asalto firmaron un acta en la que sostenían que la violenta represión no se debió a un abuso arbitrario de la Policía, sino a las órdenes directamente dictadas por el Gobierno. El acta de los guardias puso ante los tribunales a Azaña y Largo Caballero, entre otros. La acusación no llegó a prosperar por razones técnicas, pero el daño político fue serio. Gumersindo de la Gándara había sido uno de aquellos capitanes, y por eso fue detenido en el Madrid del Frente Popular, junto a sus compañeros Cordoncillo y López Benito. Sometidos a juicio, los tribunales los encontraron limpios de responsabilidades políticas. Pero el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, los entregó al Comité Provincial de Investigación Pública, que los asesinó.”
(José Javier Esparza: El Terror rojo en España, Áltera, Barcelona, 2007)
Compañeros de la CNT!
